“Aunque enterremos la cabeza en la tierra como un avestruz, el problema no va a desaparecer”. La diputada Pepa Amat (IU) describe de forma gráfica el origen de la última propuesta que su grupo llevará a la Asamblea de Madrid. Es la Proposición no de ley reguladora de los Derechos Vitales Básicos de la Comunidad, con la que quieren garantizar “una vida digna” a todos los ciudadanos, incluidos los 1,3 millones que viven en riesgo de exclusión social. Durante casi un año han perfilado una normativa que registrarán esta semana para su debate.
En una treintena de folios incluyen 36 artículos y la memoria económica en la que detallan cómo conseguir los 2.971 millones de euros que estiman que costaría poner en marcha su plan porque “existen necesidades que no pueden depender del gobierno de turno”, según Amat. El dinero provendría de la recuperación de impuestos como el de Patrimonio o Donaciones y Sucesiones, de nuevos tributos a los bancos o retirar las ayudas a la Iglesia católica de los presupuestos regionales, entre otros cambios. En la exposición de motivos del borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, recogen las necesidades básicas a cubrir: alimentación, ingresos mínimos, vivienda, suministros principales o transporte.
Personas en riesgo
»Casi el 20% de la población madrileña (1,3 millones) está en riesgo de exclusión social, según datos de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.»Hay 642.600 parados, según la EPA. Casi la mitad son de larga duración.
»Unos 318.000 desempleados carecen de prestación y casi un tercio de los hogares (34%) tienen a todos o a la mitad de sus miembros en paro.
El texto señala que, a la situación estructural de pobreza, la Comunidad de Madrid ha sumado recortes que han provocado una realidad de “emergencia social” en la región. Tras el debate, IU prevé iniciar una campaña informativa. Estos son los puntos clave:
» Renta Social Garantizada. La propuesta fija una renta de suficiencia individual, 664 euros mensuales, que se deberá revisar e incluir en los presupuestos cada año. Lo podrán percibir ciudadanos a partir de 18 años, o menores emancipados, que lleven al menos un año residiendo en Madrid. La cuantía aumentará hasta 1.328 euros en hogares con cuatro personas. Esta ayuda tiene carácter complementario, es decir, la persona o las familias que lo perciban recibirían la cantidad íntegra o solo el dinero que necesiten para llegar a ese mínimo. No sirve para completar nóminas. “Hay algunos sueldos que son irrisorios, pero completarlos desde un Gobierno es hacer el juego a las empresas que pagan mal”, señala Amat. La medida contempla la “responsabilidad” del perceptor, que deberá mantener el resto de las ayudas de las que pueda ser beneficiario.
»Alimentación. Durante cinco años, el Gobierno regional tendrá que destinar, según el borrador, partidas específicas a los servicios sociales de atención primaria de los ayuntamientos “ante el incremento de las necesidades”. Incluye un programa más amplio que el actual de becas de comedor que se amplíe durante los meses de verano en campamentos y actividades extraescolares. También prevé reestablecer una tarifa gratuita en las escuelas infantiles, donde también se cubrirá el comedor a las familias que lo necesiten.
»Precio social de la luz. Prevé una cuantía mínima para los suministros básicos: agua y energía (electricidad, gas natural y gas butano). Se fijaría un “consumo mínimo vital” según los miembros de la familia y la estación del año. La propuesta prevé desarrollar una regulación para que las tarifas “no sean objeto de mercado”. El precio social “irá a cargo de las compañías suministradoras”.
»Vivienda. Se paralizarían por ley los desahucios que se deban a insolvencia sobrevenida y se crea un Fondo Madrileño de Viviendas para casos de emergencias sociales, desahuciados y quienes no puedan acceder a su primera vivienda. En ese fondo quieren incluir las casas del banco malo (Sareb), las del FROB y viviendas vacías del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima, de titularidad regional) y de empresas municipales.
» Abono transporte. Los mayores de 18 años en situación de necesidad pagarían 25 euros al mes para poder viajar ilimitadamente por toda la red, según la propuesta.
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