El Grupo Municipal IU-LV de Moralzarzal presentará en el
Ayuntamiento una moción de apoyo a la Ley Reguladora del derecho a la Vivienda
en la Comunidad de Madrid.
Desde el partido
verde opinan que los poderes institucionales como el Ayuntamiento de
Moralzarzal tienen el deber de posicionarse ante la INJUSTA realidad que quiere
imponerse por encima incluso de la Declaración Universal aprobada en la
Asamblea General de la ONU, en la que se estableció el derecho individual de
cada persona “a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda.
IU de Moralzarzal
pretende llevar este debate al próximo pleno municipal en forma de moción y
espera que todos los partidos con representación hagan un ejercicio democrático
de defensa de los ciudadanos más castigados por la crisis, que son aquellos
fundamentalmente que además de sin trabajo se quedan sin casa.
En opinión de Iván
García, responsable de Movimientos Sociales de IU, “queremos destacar que
también se quiere dejar de respetar nuestra Constitución, que en el artículo 47
recoge este derecho a vivienda digna y adecuada.”
Según García “el
derecho a una vivienda y a una vida digna es un derecho reconocido y del que
debemos hacer uso de una forma urgente todos los ciudadanos, no estamos
hablando de una quimera, sino de un derecho justo, conseguido y reconocido en
todo nuestro ordenamiento jurídico. Aunque la situación actual puede ser calificada
como emergencia social y económica esto obliga a los Gobiernos central,
autonómico y local que quieran acatar el contenido de nuestra Constitución a
adoptar medidas extraordinarias y urgentes.”
La intención de IU
con esta moción es avanzar en medidas que
supongan un “plan de choque en salvaguarda del bien jurídico protegido:
el derecho a una vivienda digna”, acciones como obligar a la banca e
inmobiliarias a declarar cual es el parque de viviendas vacías disponibles y
sacarlas al mercado del alquiler, sancionar su incumplimiento o incluso
expropiar temporalmente del uso de las viviendas en aquellos casos que vayan a
ser desalojados ciudadanos en los que concurran circunstancias sociales de
exclusión social o una amenaza para la salud física o psíquica.
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