Punto único del día:
Solicitud de adhesión a la mancomunidad de municipios de gestión de residuos del Noroeste.
En principio para nosotros, siguiendo el proceso llevado a cabo para la constitución de la Mancomunidad, ya de entrada, nace con opacidad y falta de control.
Y, a posteriori, la Mancomunidad no tendrá fiscalización ni control político a pesar de los asuntos de importancia que gestionará como operaciones de crédito o garantía, la alteración de la calificación jurídica de los bienes, adquisición y transacción de los mismos, la forma de gestión o la contrata de obras, servicios y suministro.
Es cierto que hay un problema urgente en el tema de la gestión de los residuos urbanos en la Comunidad de Madrid que es, precisamente, la entrada en vigor del próximo Plan Regional de Residuos que, como ustedes saben divide a la Comunidad en tres zonas -Este, Sur y Norte-, en las que se están constituyendo las mancomunidades.
Si la Comunidad Autónoma de Madrid pone en marcha este Plan de Residuos que genera la creación de estas mancomunidades, lo hace con un único objetivo: el de ahorrarse un coste y cargarle el mismo a los municipios, que están totalmente faltos de unos recursos económicos que dicha administración autonómica reduce cada vez más y más; es decir: quiere repercutir el coste directamente a los vecinos o bien por el aumento de las tasas o bien por la disminución de servicios sociales que tendrán que dirigirse al paso de este servicio.
La Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2003) establece que “corresponde a los municipios la prestación de los servicios públicos de recogida, transporte y, al menos, eliminación de los residuos urbanos o municipales…”, añadiendo que: “los municipios gestionarán los servicios de recogida y transporte de residuos urbanos por sí mismos, o mediante las agrupaciones o las formas de colaboración previstas en la normativa de régimen local, siempre de conformidad con lo establecido en los planes autonómicos de residuos”, concretando que: “la eliminación se prestará preferentemente, mediante la constitución de consorcios entre los municipios y la Comunidad de Madrid”. Esto va a suponer un sobre coste para las arcas municipales que, o tendrán que absorber a costa de otros servicios locales, y/o crear o repercutir en la correspondiente tasa de “basuras”; coste que puede duplicarse en un principio, para multiplicarse por cinco con la construcción de las plantas de tratamiento y hasta ocho veces cuando se construyan la o las incineradoras que ustedes quieren y a las que IU-Los Verdes, lógicamente se opone.
Además desde IU- Los Verdes, frente a las 3 mancomunidades previstas en el Plan de Residuos Urbanos de la CM, planteamos establecer zonas de, como máximo, 500.000 habitantes, lo que implicaría 6 en lugar de tres, distribuidas en el territorio con criterios de proximidad y si ello es válido para toda la Comunidad de Madrid, es especialmente aplicable en nuestra extensísima y variada Zona Norte, que quiere hacerse cargo de la gestión de los residuos de un número tan importante de municipios muy diferentes y tremendamente alejados unos de otros, indicando además que nosotros consideramos que en esta figura de asociación municipal, debería también entrar la propia Comunidad de Madrid que, a partir de esa fecha se desentiende de la gestión de los residuos para los municipios de más de 5.000 habitantes.
LA ALTERNATIVA DE IU-LOS VERDES:
Izquierda Unida mantiene el criterio de que, ante este problema, en lugar de tomar el camino corto de “cargar” a los municipios todos los costes con lo que se les ahoga aún más, la senda a seguir es la de
Dar comienzo a la redacción de un nuevo Plan de Residuos de la Comunidad de Madrid con Participación pública y cuyas características principales deberían ser:
Reducción del volumen de residuos
Recuperación y reutilización de materiales
Enfoque de proximidad lo que implica al menos cinco zonas de gestión con un sistema de tratamiento sencillo basado en bajo impacto ambiental, mínima inversión, bajo coste de tratamiento y que genere empleo local.
Paralización de las instalaciones previstas hasta que no se haya definido una nueva zonificación .
La Comunidad de Madrid deberá hacerse cargo de la financiación y los costes de las instalaciones.
Los Ayuntamientos y, por lo tanto las Mancomunidades se harían cargo únicamente de lo que la Ley 22/2001 de residuos estatal define como competencias obligatorias, es decir, residuos domiciliarios, de comercio y de servicios.
De manara inmediata y urgente aplicar medidas, tanto en el ámbito local como en el de la Comunidad de Madrid para aumentar la reducción de residuos, su separación en origen, con apoyo financiero y técnico de la CM. Y con servicios 100% públicos.
Y, por supuesto, estamos en contra de la incineración ya que no solo no aborda la raíz del problema, sino que contamina en el propio proceso de eliminación.
El problema a resolver no debe estar en como eliminar lo “no reciclado”, si no como hacerlo con lo “no reciclable” y además fomentar las tecnologías sencillas, como el compostaje, clasificación y adecuación de materiales para su reutilización o reciclado, con mucha menos inversión y, sobre todo menos impacto ambiental.
Hay que definir una estrategia global que acerque la solución al lugar de generación de los residuos, con el mejor resultado ambiental posible, con la tecnología más sencilla posible y con el menor coste para los presupuestos públicos.
En resumen, frente a la estrategia de residuos que ustedes están poniendo en marcha insistimos en plantear una propuesta alternativa basada en UN NUEVO PLAN DE RESIDUOS URBANOS cuyos ejes principales serían:
Priorizar y cuantificar la reducción. Adoptando medidas como el establecimiento de sistemas de retorno para envases., etc.
Segregar los residuos industriales de los flujos urbanos y no permitir su entrada en vertedero, lo que reduciría la necesidad de vertedero en un 20 %, aumentando así su vida útil.
La separación en origen de estos residuos y su entrega a recuperador local (existe una red suficiente), que generaría empleo y reduciría las necesidades de transporte y el consumo de combustible.
Segregar los diferentes flujos de residuos urbanos (domiciliarios, comerciales y de oficinas, de poda y vegetales, de limpieza viaria,…), adoptando medidas de reducción para cada flujo y de maximización del reciclado.
Por eso, visto y dicho todo lo anterior, entendemos que, como siempre donde gobierna el PP, los perjudicados de todo este dislate van a ser los de siempre, los ciudadanos y ciudadanas que tendrán que soportar una mayor carga fiscal a través de sus impuestos y/o tasas y por ello, votamos en contra.
