Izquierda Unida de Moralzarzal apoya la movilización de la comunidad educativa contra los recortes en enseñanza que están llevando a cabo las administraciones y que hacen sentir sus consecuencias en los centros de nuestra localidad.
Consideramos que, durante los últimos años, se está llevando a cabo una importante reducción de los cupos de profesorado asignado a los centros. La radical disminución de este inicio de curso no puede maquillarse con el incremento de las horas lectivas del profesorado. El debate sobre la jornada laboral de los profesionales sólo tiene como objetivo distraer del hecho principal: se está degradando la calidad del servicio. Los despidos suponen una pérdida de horas de docencia muy superior a las que se pueden ofrecer aplicando las nuevas Instrucciones, puesto que una mayoría de los horarios del profesorado ya se cerraban, en cursos anteriores, a 19, 20 e incluso 21 horas lectivas
La pérdida de siete profesores en el IES Carmen Martín Gaite, unida a las de cursos anteriores (5 el año pasado), tiende a socavar las señas distintivas que siempre ha tenido la Escuela Pública:
-La atención a la diversidad: se dificulta o imposibilita el desarrollo de las aulas de enlace, la educación compensatoria, los apoyos individualizados, los desdobles, etc.
-El respeto a las ratios profesor/alumno establecidas por la ley.
-La garantía de que las diferentes materias van a ser impartidas por profesionales de esa especialidad: así, se generaliza la práctica de que los profesores deban dar asignaturas afines e, incluso, asignaturas que no mantienen relación con su titulación, como ya es habitual en la red privada.
-La acción tutorial, imprescindible en un momento en que la Escuela debe asumir crecientes demandas y responsabilidades.
Juzgamos demagógico justificar estos recortes en nombre de la austeridad, cuando la Comunidad de Madrid ha desembolsado 620 millones en campañas publicitarias en los últimos tres años; cuando se han dejado de ingresar 90 millones por las deducciones en el IRPF a los usuarios de la enseñanza privada; o cuando la Consejería de educación está financiando las actividades extraescolares en los centros concertados (actividades que, a su vez, se cobran a las familias).
Denunciamos que las administraciones están favoreciendo un creciente trasvase de dinero público a las empresas privadas, ya sea mediante la extensión de conciertos, la cesión de suelo público, convenios de colaboración con empresas, desgravaciones fiscales o la gestión privada de centros y servicios educativos de titularidad pública. Lejos de significar un ahorro, esos servicios privatizados incrementan los costes para los contribuyentes.
La degradación de la Escuela Pública supone la peor hipoteca para el futuro de nuestros hijos y de toda la sociedad. La Escuela Pública es un factor de igualdad y de democracia, ya que es la única que garantiza una enseñanza gratuita, plural, no discriminatoria, científica y compensadora de desigualdades. No dejemos que la destruyan.
Consideramos que, durante los últimos años, se está llevando a cabo una importante reducción de los cupos de profesorado asignado a los centros. La radical disminución de este inicio de curso no puede maquillarse con el incremento de las horas lectivas del profesorado. El debate sobre la jornada laboral de los profesionales sólo tiene como objetivo distraer del hecho principal: se está degradando la calidad del servicio. Los despidos suponen una pérdida de horas de docencia muy superior a las que se pueden ofrecer aplicando las nuevas Instrucciones, puesto que una mayoría de los horarios del profesorado ya se cerraban, en cursos anteriores, a 19, 20 e incluso 21 horas lectivas
La pérdida de siete profesores en el IES Carmen Martín Gaite, unida a las de cursos anteriores (5 el año pasado), tiende a socavar las señas distintivas que siempre ha tenido la Escuela Pública:
-La atención a la diversidad: se dificulta o imposibilita el desarrollo de las aulas de enlace, la educación compensatoria, los apoyos individualizados, los desdobles, etc.
-El respeto a las ratios profesor/alumno establecidas por la ley.
-La garantía de que las diferentes materias van a ser impartidas por profesionales de esa especialidad: así, se generaliza la práctica de que los profesores deban dar asignaturas afines e, incluso, asignaturas que no mantienen relación con su titulación, como ya es habitual en la red privada.
-La acción tutorial, imprescindible en un momento en que la Escuela debe asumir crecientes demandas y responsabilidades.
Juzgamos demagógico justificar estos recortes en nombre de la austeridad, cuando la Comunidad de Madrid ha desembolsado 620 millones en campañas publicitarias en los últimos tres años; cuando se han dejado de ingresar 90 millones por las deducciones en el IRPF a los usuarios de la enseñanza privada; o cuando la Consejería de educación está financiando las actividades extraescolares en los centros concertados (actividades que, a su vez, se cobran a las familias).
Denunciamos que las administraciones están favoreciendo un creciente trasvase de dinero público a las empresas privadas, ya sea mediante la extensión de conciertos, la cesión de suelo público, convenios de colaboración con empresas, desgravaciones fiscales o la gestión privada de centros y servicios educativos de titularidad pública. Lejos de significar un ahorro, esos servicios privatizados incrementan los costes para los contribuyentes.
La degradación de la Escuela Pública supone la peor hipoteca para el futuro de nuestros hijos y de toda la sociedad. La Escuela Pública es un factor de igualdad y de democracia, ya que es la única que garantiza una enseñanza gratuita, plural, no discriminatoria, científica y compensadora de desigualdades. No dejemos que la destruyan.
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